Comunicado​: El Gobierno, En Vez De Regular, Regala Decisiones En Beneficio De Las Televisora​S

13 de mayo de 2011

El desconcierto que predomina en las telecomunicaciones, los litigios exacerbados entre diferentes grupos, la preponderancia de intereses privados sin que sea reivindicado el interés público, así como la parcialidad de las escasas decisiones que toman los funcionarios encargados de regular dicho sector, son resultado de la ausencia de una auténtica política nacional para las telecomunicaciones. En vez de diseñar y desarrollar tal política, el gobierno ha preferido privilegiar la expansión de uno de los grupos confrontados por el dominio de las telecomunicaciones. Al consorcio Televisa, el gobierno federal le ha otorgado concesiones de telefonía y banda ancha en ocasiones incluso a precios muy por debajo de su valor comercial,  le autoriza prácticas de acaparamiento como las que emprende en el negocio de la televisión por cable y le ofrece respaldo propagandístico y político al sancionar a empresas del Grupo Carso con las que Televisa despliega un vistoso enfrentamiento. Esa colisión en nada beneficia a los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, ni a los públicos de la televisión.

Inaceptable concentración
Televisa y Televisión Azteca, que controlan el 94% de las concesiones para televisión privada en el país, quieren ampliar la presencia que ya tienen en el campo de la telefonía. Sin embargo se resisten a que Telmex difunda servicios de televisión a través del cableado telefónico como hacen las compañías telefónicas en todo el mundo.
El control monopólico que han ejercido las empresas del Grupo Carso al controlar casi el 80% de la telefonía alámbrica y el 70% de la telefonía celular en México, se ha traducido en tarifas altas y en muchas ocasiones servicios malos en perjuicio de los consumidores. Las conexiones a Internet que predominan en nuestro país son caras y lentas. La apertura de esos mercados resulta saludable pero de nada sirve, o beneficia únicamente a otros monopolios, si no está supeditada a políticas públicas muy explícitas que privilegien la calidad de esos servicios y la disminución en el precio que pagan los usuarios. En vez de promover medidas de esa índole, el gobierno federal a través de la SCT y la COFETEL, y por decisión directa del presidente Felipe Calderón, ha decidido obstaculizar el desarrollo de Telmex y Telcel para abrir camino al crecimiento de Televisa y, ahora también, de Televisión Azteca.

Multa con fines publicitarios
La multa de casi mil millones de dólares que la Comisión Federal de Competencia le impuso a Telcel forma parte del respaldo gubernamental a las televisoras. Esa multa será recurrida durante varios años en sinuosos litigios judiciales al cabo de los cuales posiblemente será reducida a un monto bastante menor. Mientras tanto, habrá servido como respaldo a la campaña de las televisoras en contra de Telcel y Telmex.
Resulta lamentable que la autoridad en materia de competencia económica se comporte como propagandista de las televisoras. Si la Cofeco está dispuesta a limitar a los monopolios en el campo de las telecomunicaciones, tiene la ocasión de hacerlo impidiendo la participación de Televisa en la empresa Iusacell, en asociación con Televisión Azteca. Antes de aprobar esa operación, la Comisión de Competencia debería tomar en cuenta los amplios segmentos de espectro radioeléctrico que Televisa ya maneja en la televisión abierta. No hay que olvidar que hoy en día el desarrollo tecnológico permite que se desvanezcan las fronteras entre diversos usos del espectro radioeléctrico. Las frecuencias son un patrimonio nacional que es preciso adjudicar tomando en cuenta que sirve para comunicación entre las personas pero además para propagar información y cultura en toda la sociedad. Si se consolida la alianza en Iusacell, Televisa y TV Azteca, que producen los más deplorables contenidos televisivos, ahora podrían distribuirlos por telefonía celular.

Que haya más opciones en televisión
Telmex debiera tener derecho a difundir televisión a través del cableado telefónico, sobre todo si tal servicio implicara precios menos altos y mayor variedad en la oferta audiovisuales para los televidentes. El gobierno ha tenido una condenable negligencia al demorar varios años la revisión del título de concesión de esa empresa. Si Telmex paga la contraprestación correspondiente y establece compromisos verificables para mejorar calidad y tarifas, no hay motivos para que no se le permita ofrecer televisión por esa vía.
El Grupo Carso por otra parte, igual que cualquier empresa, podría competir por concesiones de televisión abierta si el gobierno pusiera en licitación las frecuencias necesarias para crear al menos dos cadenas nacionales. La ausencia de tales licitaciones ha beneficiado, durante ya demasiados años, a las empresas que siguen acaparando el mercado de la televisión.

Legislar para la diversidad
Otras empresas y sobre todo grupos de producción de contenidos audiovisuales –cineastas, productores independientes, escuelas de comunicación, etcétera– debieran tener acceso a la televisión. Hoy en día ese medio se encuentra vedado a quienes no sean clientes o socios de Televisa y/o Televisión Azteca. Los responsables de esa situación, que ya tiene consecuencias ominosas sobre el quehacer político igual que desde hace décadas las ha tenido en detrimento de la cultura y el entretenimiento, han sido el gobierno federal y el Congreso de la Unión.
El pasado 8 de abril se cumplió un año de la presentación, de manera simultánea en las cámaras de Diputados y Senadores, de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que fue promovida por varios partidos políticos. Esa reforma resulta inaplazable en el actual contexto de confrontación y de coyuntura electoral y entre muchas otras medidas establece la creación de nuevos canales y la existencia de cuotas mínimas para que los productores independientes tengan acceso a la televisión. El conflicto entre Televisa-TV Azteca y Telmex-Telcel no habría alcanzado las dimensiones que tiene si los legisladores hubieran cumplido desde hace años con su responsabilidad de reformar el actual régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Televisión pública, fundamental
Cuando exigimos que haya pluralidad en la televisión de ninguna manera suponemos que pueda lograrse únicamente multiplicando las opciones de televisión comercial. Antes que nada, sería preciso consolidar una auténtica televisión pública, reemplazando la supeditación al gobierno federal o a los gobiernos locales y fortaleciendo las finanzas de los canales que se sostienen con recursos públicos.
El 5 y 6 de abril pasados, a convocatoria de la AMEDI y medio centenar de organizaciones sociales, se reunió el Primer Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación. Una de las 33 conclusiones que recoge la relatoría general de esa reunión de ciudadanos establece: “Los medios no comerciales tienen que ser entendidos como espacios de pluralidad, libertad, con independencia respecto de las instituciones oficiales y ser promotores de la democracia y la construcción de ciudadanía. Deben ser auténticos medios públicos y no espacios propagandísticos, para que cumplan a cabalidad con su función social. México requiere de un sistema nacional de televisión pública, que podría partir de la infraestructura de la cual dispone actualmente el Canal Once pero manejado con autonomía y con formas de retroalimentación con la sociedad”.
También se concluyó, en ese Encuentro Nacional, que en la televisión, de la misma manera que en otras áreas de las telecomunicaciones, debe haber convergencia plena. “Resulta absurdo que las empresas interesadas y con capacidad para ofrecer televisión de paga no puedan hacerlo debido al amago de quienes controlan ese mercado. Todos los sistemas de televisión codificada deben estar autorizados a difundir las señales de la televisión abierta; más aún, esa debe ser una obligación de los proveedores de televisión por cable, satélite o cualquier otra modalidad no abierta. En todos los sistemas de televisión de paga deben existir canales destinados a la difusión de contenidos audiovisuales creados por productores independientes”.

Simulación, en vez de regulación
Un verdadero plan nacional de telecomunicaciones tendría que contar con metas de mediano y largo plazo que privilegiaran la cobertura en las zonas del país y entre los ciudadanos que aún están marginados de la banda ancha y de todas las opciones que implican la convergencia digital y la sociedad de la información. La calidad de los servicios, así como la diversidad y calidad de los contenidos en el caso de la radio y la televisión, resultan insoslayables para que un plan de esa índole estuviera diseñado y orientado a partir del interés de los ciudadanos y no según la conveniencia de algunos consorcios. Concesiones e inversiones, así como precios y tarifas, deberían ser proyectadas de acuerdo con tales propósitos.
Ni el gobierno, ni el Congreso, toman en serio esos requerimientos entre sus prioridades. En lugar de regulación, tenemos una frecuente simulación en la política del gobierno hacia las telecomunicaciones. Hay decisiones cardinales como la designación de los integrantes de la Cofetel que se toman de manera opaca e incumpliendo el requisito legal que establece que los comisionados de ese organismo deben haber tenido experiencia destacada en el sector de las telecomunicaciones.
En vez de la legislación que hace falta, muchos de los senadores y diputados más notorios continúan empeñados en ser integrantes del reparto del Canal de las Estrellas. En todos los partidos políticos, el tema de los medios y las telecomunicaciones ha sido relegado para no incomodar a las televisoras. Ese comportamiento reverencial en beneficio de Televisa y Televisión Azteca está conduciendo a dirigentes, gobernantes y legisladores a subordinar la política, al interés de la pantalla televisiva.
Ahora, sin embargo, las decisiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones no pasan desapercibidas para la sociedad. El amplio interés que suscitó el Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación confirmó el interés ciudadano por estos asuntos. A la sociedad organizada le resulta cada vez más vejatoria la condescendencia del poder político con los consorcios televisivos. Será imposible que ese comportamiento no tenga consecuencias tanto en las calles, con en las urnas.

Mtro. Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial. Lic. Aleida Calleja Gutiérrez, Comité de Relaciones Internacionales. Lic. Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional. Mtro. Rafael Hernández García Cano, presidente del Capítulo Puebla. Mtra. Maricarmen de Lara Rangel, Comité de Vinculación Social. Lic. Juan Sebastián Larrosa Fuentes, presidente del Capítulo Jalisco. Mtra. María Magdalena López Rocha, presidenta del Capítulo Oaxaca. Dr. Manuel Ortiz Marín, presidente del Capítulo Baja California. Lic. José Agustín Pineda Ventura, Comité Jurídico. Mtra. Beatriz Solís Leree, Comité Académico. Mtro. Gabriel Sosa Plata, Comité de Investigación. Dra. Aimée Vega Montiel, Directora.