Las Televisoras, Promotoras Y Beneficiarias De La Ofensiva Contra El IFE Y Las Reglas Electorales

La ambición de las televisoras privadas, la negligencia pero también los intereses de los partidos, así como la confusión de un importante segmento de la opinión publicada, están a punto de arruinar las normas y los equilibrios que el país ha construido para la competencia política y electoral. La reforma constitucional que en 2007 prohibió la compra de espacios para propaganda política en radio y televisión, es el motivo para esa campaña no sólo contra las reglas sino además contra las autoridades electorales que las han aplicado.

1. Televisión Azteca ha acumulado más de 174 millones de pesos en multas, que no ha pagado, por negarse a transmitir, o difundir de manera irregular, los mensajes de los partidos políticos y la autoridad electoral. Para amagar a las autoridades que han sancionado esos incumplimientos, Televisión Azteca mantiene desde hace tiempo una campaña de desinformación y mentiras sobre las acciones del IFE.

2. A esa campaña política contra el Instituto Federal Electoral, se han añadido diversas notas periodísticas sobre la creación de un fondo inmobiliario para que el IFE gaste menos en la renta de numerosas instalaciones. Gracias a medidas de austeridad y a la venta de servicios, el IFE creó un fondo de 348 millones de pesos con ese fin. El contralor general del propio Instituto ha creado una vistosa tormenta publicitaria aduciendo, sin sustento, que la creación de ese fondo es ilegal.

3. El desempeño del contralor, Gregorio Guerrero Pozas, ha sido sumamente irregular. En vez de presentar sus observaciones por cauces institucionales ha preferido hacer denuncias en medios de comunicación. Lejos de constituir una instancia para propiciar la transparencia y la limpieza en el desempeño del IFE, el contralor ha sido parte activa de la campaña contra la autoridad electoral.

4. También parcial, en este caso, ha sido el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Se ha denunciado, incluso, que algunas de las observaciones de la Auditoría Superior fueron entregadas a las televisoras privadas antes que a la Cámara de Diputados.

5. Los señalamientos del Auditor Superior se refieren al monitoreo que, en cumplimiento a sus obligaciones legales, hace el IFE de las transmisiones de las estaciones de radio y televisión en todo el país. Gracias a la infraestructura creada antes de las elecciones federales de 2009 y puesta en práctica en 15 elecciones locales, el IFE ha podido documentar el cumplimiento de la gran mayoría de los concesionarios a la obligación de transmitir los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales. También se han documentado las infracciones de quienes no han querido acatar esos deberes. El monitoreo del IFE examina las señales de más de mil 500 estaciones de televisión y radio. Las observaciones del Auditor se refieren fundamentalmente a omisiones administrativas en la evaluación de una quinta parte de los recursos que el IFE ha ejercido en la realización del monitoreo. Sin embargo en distintos medios han sido presentadas como anomalías graves sugiriéndose –sin sustento alguno– que han implicado manejos deshonestos de recursos públicos.

6. Quienes tienen más interés en desacreditar al IFE, a sus autoridades actuales y al monitoreo de medios electrónicos, son las empresas de televisión y radio que resultaron perjudicadas con la reforma electoral de 2007. Al dejar de vender varios miles de millones de pesos para espacios de propaganda en cada elección federal, las televisoras y algunos grupos radiofónicos perdieron un sustancioso negocio. Pero además, perdieron parte de la influencia política que ejercían al decidir tarifas, descuentos y horarios para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos. Hoy en día, aunque sigue ocurriendo, la venta de espacios de esa índole es ilegal. Los partidos ahora difunden sus mensajes utilizando el tiempo oficial del cual ya disponía el Estado.

7. Esa utilización del tiempo estatal también disgusta a las empresas de televisión y radio. Hasta antes de la reforma constitucional de 2007, el tiempo estatal se ejercía de manera irregular y era fiscalizado con limitaciones. Ahora, con el IFE como administrador de ese tiempo y gracias al monitoreo nacional, el tiempo estatal se utiliza de manera plena por lo menos en épocas de campañas electorales.

8. Esa reforma constitucional ha sido impugnada en juicios de amparo presentados por los consorcios mediáticos  y, por otra parte, por un grupo de 15 ciudadanos involucrados en tareas periodísticas o culturales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá revisar esas impugnaciones en fecha próxima. Los promotores de tales querellas se equivocan cuando afirman que las disposiciones constitucionales en materia de propaganda política contravienen la libertad de expresión de los ciudadanos. Lo que hace dicha reforma es afianzar la equidad en la competencia política, al impedir que el poder del dinero distorsione las campañas electorales. Los argumentos de una y otra parte han sido ampliamente conocidos. Lamentablemente los promotores del amparo suscrito por 15 ciudadanos (algunos de los cuales comparecen frecuentemente en televisión y radio) rehuyeron la invitación que les hizo la AMEDI para discutir en público nuestros puntos de vista sobre este asunto. Mal se defiende a la libertad de expresión esquivando la deliberación de cara a la sociedad.

9. Muchos actores de la vida pública mexicana han olvidado que el IFE y sus reglas son patrimonio de nuestra democracia. La ofensiva contra la autoridad electoral y contra las normas en materia de propaganda política es de enorme gravedad. Por supuesto, tanto esa autoridad como las reglas con las que funciona, son discutibles y perfectibles. Pero no es con la insidia mediática, ni con el sabotaje político en busca de recuperar privilegios, ni mucho menos confundiendo a la sociedad con versiones parciales, como encontraremos soluciones virtuosas a las  carencias que sigue teniendo la democracia en nuestro país.

Dentro del IFE mismo, hay posiciones variadas y a menudo confrontadas entre sí. No podemos dejar de recordar la tibieza, lindante con la irresponsabilidad, que tuvo la mayor parte de los consejeros electorales hace dos años, cuando las televisoras comenzaron a incumplir las nuevas reglas en materia de propaganda política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha tenido graves actitudes de complacencia con los consorcios mediáticos. El IFE, por otra parte, se encuentra limitado debido a la negligencia de la Cámara de Diputados para designar a tres de los consejeros electorales. El urgente nombramiento de esos tres consejeros tendría que hacerse al margen de cuotas partidistas –pero además, al margen de presiones y codicias de las televisoras– y en un esfuerzo para solidificar la autonomía y la credibilidad de la autoridad electoral.

10. Nos inquieta sobremanera el silencio o la aparente indiferencia de los dirigentes nacionales y los líderes parlamentarios de los partidos políticos. La reforma electoral de 2007 fue resultado de la preocupación y el consenso entre los principales partidos (PRI, PAN, PRD). Ahora sin embargo los legisladores que con tanta enjundia aprobaron esa reforma, desatendiendo hace tres años y medio las exigencias de las televisoras, guardan un aciago silencio ante los intentos de las corporaciones mediáticas para que retornemos al viejo modelo de propaganda política.

La sociedad de nuestros días ya no condesciende ante omisiones y abusos de la clase política ni de los medios de comunicación. Los ciudadanos se interesan cada vez más en estos temas que les afectan y que forman parte de las distorsiones de la democracia que estamos construyendo. Estos asuntos forman parte del temario del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación al cual la AMEDI ha convocado para realizarse en la Ciudad de México el 5 y el 6 de abril próximos.