En los últimos cuatro años, el gobierno federal ha participado en 849 evaluaciones de riesgo de periodistas y defensores de derechos humanos.
En ese mismo lapso, indicó la Presidencia, se dio seguimiento a 249 solicitudes de medidas cautelares.
Durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó que “es obligación de un estado democrático otorgar garantías a los periodistas para el ejercicio de su profesión, especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado”.
Aseveró que el gobierno de la República es absolutamente respetuoso de la libertad de expresión, de lo que piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas.
Dijo que la libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira; es la mejor garantía para avanzar a una auténtica sociedad de derechos y de libertades.
Consideró necesario que los gobiernos estatales también asuman la responsabilidad que les corresponde, para mejorar las condiciones de los periodistas y puedan desarrollar su profesión.
El Presidente recordó que, en junio del 2012, nació la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y, desde 2013, se han realizado acciones con Freedom House para desarrollar herramientas que permitan evaluar los riesgos y aumentar las capacidades de atención y protección.
Hasta el momento, informó, el gobierno federal ha celebrado convenios de colaboración con 31 entidades federativas para facilitar la cooperación al momento de brindar medidas de protección.