La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que con las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que pretenden aprobar los senadores para retrasar el apagón analógico, los legisladores restan autoridad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y se mantienen en la línea de beneficiar a las televisoras privadas.
El organismo aseguró que los senadores sustraen atribuciones regulatorias y sancionatorias al Ifetel, afectan la calidad y comprometen la continuidad del servicio público de radiodifusión, alteran los conceptos de la LFTR, repiten disposiciones ya establecidas en la legislación y, sobre todo, transgreden lo dispuesto en la Constitución cuando ésta ordena que la conclusión de las señales analógicas será el 31 de diciembre de 2015.
“Con el subterfugio de apoyar a los medios de uso público y social hacia su digitalización a sólo un mes del apagón analógico, el nuevo dictamen será discutido en el Pleno del Senado pero en lo sustantivo conserva la protección a las televisoras comerciales que no han realizado las inversiones necesarias para transitar a la televisión digital, al tiempo que aplaza hasta el último día de 2016 el apagón”.
Aseguró que el estado mexicano “ya ha destinado 27 mil millones de pesos para entrega 9.7 millones de televisores digitales a igual número de hogares de bajos recursos incluidos en 12 programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esta inversión de recursos públicos inédita en el mundo y en los procesos de transición a la Televisión Digital terrestre (TDT), representa en sí misma un subsidio estatal a los actuales radiodifusores, que no han dotado de receptores a sus audiencias”.
La Amedi que preside Jorge Fernando Negrete, alertó que en las modificaciones que aprobaron comisiones unidas casi a la media noche del lunes pasado, los legisladores faltaron a la técnica legislativa y sustituyeron la palabra “permisionarios” por “estaciones de televisión radiodifundida”; término que en la iniciativa del senador Roberto Gil Zuarth pretendía cambiarse por “operadores”. “Al final, el resultado es el mismo ya que se refiere a concesionarios. Así, los promoventes fuerzan la ley pero no para proteger a los medios públicos y sociales, sino para introducir a los concesionarios privados”.
Asimismo criticó que los senadores pretendan introducir un párrafo en el que se establece que “los titulares de las estaciones deberán realizar las inversiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa. En ningún caso las acciones derivadas de este programa excederán al 31 de diciembre de 2016”, ya que esa misma disposición aparece en el artículo actual pero con fecha al 31 de diciembre de 2015, por lo que calificó esta propuesta como “un engaño”.
La Amedi explicó que la propuesta de reducir la potencia radiada de las estaciones degrada la calidad y cobertura del servicio, en tanto que la suspensión temporal del servicio sin causa justificada afecta la continuidad de dicho servicio público de radiodifusión, por lo que de cualquiera de las dos formas al no iniciar las transmisiones digitales en tiempo y forma, el servicio deja de prestarse a toda la población y se atenta atenta contra su derecho a la información, libertad de expresión y derecho de acceso a las TIC.
De tal forma que el Ifetel tendría que analizar la suspensión del servicio caso por caso, y proceder conforme a sus facultades sobre la aplicación de sanciones; las características de las mismas, el monto de las multas e incluso la motivación y fundamentación para revocar un título de concesión o permiso.
“Cualquier intento de modificación de los legisladores obedece a un interés por congraciarse con las televisoras privadas, concediéndoles privilegios y un régimen de excepción regulatoria. Los concesionarios han tenido tiempo, ingresos y fuentes de financiamiento suficientes para transitar a la TDT el 31 de diciembre de 2015. Sustraer las facultades técnicas y regulatorias del IFT, degradar el servicio o suspenderlo por falta de inversiones, constituye una afrenta al derecho a la información y la libertad de expresión de los mexicanos”, sostuvo la Amedi.
La Jornada, 1 de diciembre de 2015.