De la abandonada cabina telefónica al módem de internet. Bruselas aprobó ayer una serie de proyectos legislativos que actualizan la regulación del sector de las telecomunicaciones para adaptarla a la realidad digital del siglo XXI. Por primera vez, la normativa europea establece el acceso a la banda ancha como un derecho universal de todos los usuarios.
Ese derecho cubrirá, de entrada, el acceso a servicios como el correo electrónico, los servicios digitales de la administración, la banca virtual, las redes sociales o las videollamadas. Y en una decisión que adquiere cierto carácter simbólico, la misma propuesta suprime el servicio universal de las cabinas telefónicas, que los operadores se veían obligados a mantener. Esa obligación desaparecerá cuando entre en vigor la reforma, aunque los Estados que lo deseen podrán mantenerla si lo consideran necesario.
La reforma fue aprobada ayer en Estrasburgo y presentada por el vicepresidente de la CE del área digital, Andrus Ansip, y el comisario del mismo área, Günther Oettinger.
El plan aspira a implantar en toda Europa la quinta generación de telefonía móvil (5G) antes de 2020 y fija un nuevo objetivo de conectividad para 2025, año en el que, según Bruselas, todos los hogares europeos, tanto en zona urbana como rural, deberían contar con acceso a una conexión a internet de al menos 100 Mbps de descarga, mejorable a un giga por segundo.
Ese objetivo de conectividad, afirma la Comisión, requerirá una inversión de unos 500.000 millones de euros durante la próxima década, lo que requerirá aumentar en 155.000 millones de euros las previsiones actuales de inversión.
En 2015, según los datos de la Comisión, el 71% de los hogares europeos disponían de una conexión de 30 Mbps. Y las conexiones de 100 Mbps crecen rápidamente, pero desde una cota aún muy baja: el 11%.
Bruselas considera imprescindible acelerar esa evolución y reducir la brecha entre el campo y la ciudad porque las conexiones de gran calidad serán imprescindibles para “el desarrollo del comercio electrónico, la fiabilidad de los servicios digitales de sanidad, o la utilización de contenidos de imagen y audio en juegos o streaming”.
La CE calcula, además, que “se espera que, en un plazo de 10 años, unos 50.000 millones de objetos en todo el mundo estén conectados, la mayoría sin cable”. En ese capítulo entran desde la domótica de los hogares a los automóviles sin conductor o los relojes inteligentes. A ello se añadirá la creciente necesidad de ancho de banda de los servicios audiovisuales y la previsible aparición de nuevas aplicaciones que abarquen desde la cirugía a distancia a la agricultura de máxima precisión.
Bruselas advierte que la infraestructura actual, basada en gran parte en las viejas redes, ya no son suficientes en un continente donde unos 315 millones de personas acceden a diario a internet y en el que el 50% de los ciudadanos disponen ya de un móvil inteligente.
Competencia
La Comisión asegura que el nuevo marco legal mantendrá la competencia en el sector al tiempo que facilitará la movilización del inversor privado. Para estimular el desarrollo de infraestructuras, la nueva normativa suavizará las obligaciones de compartir las nuevas redes, lo que a juicio de Bruselas contribuirá a que se pueda rentabilizar la inversión. Además, se prolonga de tres a cinco años el marco máximo de vigencia de los acuerdos de apertura de las redes para dar estabilidad legal al sector.
Las propuestas se completan con un proyecto de reforma del BEREC, el organismo europeo que agrupa a las autoridades nacionales de regulación. Bruselas reclama más competencias de supervisión para ese organismo y mayores garantías sobre la independencia de de las autoridades nacionales.
Todos estos proyectos iniciarán ahora la vía legislativa y requerirán el visto bueno del Consejo de Ministros de la UE y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.
120 millones para ofrecer wifi gratis
El plan de la Comisión Europea para acelerar y mejorar la digitalización del continente incluye una partida de 120 millones de euros hasta 2019 para ayudar a las distintas administraciones locales a ofrecer wifi gratis a los ciudadanos. Bruselas calcula que entre 6.000 y 8.000 localidades de todo el continente podrán acceder a unos fondos que deberán destinarse a facilitar conexión inalámbrica de alta velocidad a internet en lugares públicos como bibliotecas, centros de enseñanza, hospitales o estaciones de tren. La CE calcula que el plan facilitará entre 40 y 50 milones de conexión de wifi al día.
La Comisión Europea también tiene previsto poner en marcha antes de finales de 2015 un fondo europeo para la banda ancha que utilizará recursos públicos para catalizar la inversión privada en nuevas redes.