Tan distantes y distintos, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se parecen en la opacidad acerca de su patrimonio y finanzas. Nada ha golpeado tanto la imagen del presidente de la República como el conocimiento público de la casa que su familia tiene o tenía en Las Lomas. Pero ni Peña Nieto ni quienes lo rodean aprendieron aquella lección. Ante la información acerca de los condominios que posee o comparte su esposa en Miami, el gobierno respondió con verdades a medias y culpando al periódico que las difundió en vez de aclarar por qué, y en qué medida, la señora Rivera de Peña recibe favores financieros de un empresario.
La nota que The Guardian publicó el martes 9 de agosto, gracias a la cual se han conocido los préstamos o donaciones que el empresario Ricardo Pierdant hizo a la señora de Peña Nieto, puede tener insuficiencias informativas y hasta profesionales. Pero la miga de lo que allí se dice no fue desmentida por la Presidencia de la República: el mencionado empresario pagó los impuestos del departamento en Florida y además le ha prestado a la señora Angélica Rivera su propio condominio, ubicado un piso arriba del suyo.
El esfuerzo de la comunicación gubernamental para minimizar en vez de aclarar esos hechos manifiesta la incomprensión que prevalece en la Presidencia acerca de la construcción de la imagen pública de Peña Nieto. Aunque no sean ilegales (y podrían serlo si se cumpliera al pie de la letra la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como ha explicado el periodista Jorge Ramos) las donaciones definitivas o temporales que recibe la familia del Presidente se encuentran en la frontera entre el comportamiento ético y su transgresión. A pesar de que apenas el 18 de julio Peña Nieto consideró que los servidores públicos “somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos”, ante las informaciones sobre el departamento en Miami la Presidencia reaccionó descalificando al mensajero sin aclarar el mensaje.
En la opinión que los ciudadanos tienen acerca de los funcionarios convergen variadas circunstancias. Lo que dicen y hacen, así como sus omisiones, contribuye de manera importante a definir la imagen de los personajes públicos. Sin embargo no son culpables de otros factores. El bienestar o malestar de los ciudadanos ante la situación social y económica, el tratamiento que comentaristas y medios hacen de tales personajes, las impugnaciones o reconocimientos de otros individuos o instituciones, forman parte del crisol de eventos y juicios en donde se moldea y modifica la opinión pública.
Peña Nieto no es responsable de todas las circunstancias que lo tienen en niveles de reconocimiento social escandalosamente bajos. Pero sí lo es del desdén a las informaciones y opiniones críticas acerca de su desempeño. Y lo ha sido, quizá a pesar suyo, del comportamiento de su esposa. Comprar un departamento en Miami, aunque lo haga con recursos propios, es una frivolidad y un exceso de la señora Rivera de Peña Nieto. No quiere recordar que es esposa del presidente de un país lastimado por desigualdades sociales muy lacerantes y, además, por la corrupción y los abusos de numerosos funcionarios públicos y sus familias. Pedirle a un empresario amigo de la familia que pague sus impuestos por lo menos indica un descuido (en caso de que le haya reintegrado ese dinero) que solamente resulta explicable debido al poco aprecio que la señora Rivera tiene por el papel público que inevitablemente tiene la esposa del Presidente.
Pero la de Peña Nieto no es la única familia en donde las propiedades las compra y tiene a su nombre la esposa. La familia de López Obrador incurre en la misma práctica, por añadidura con el enorme desparpajo que revela su reciente declaración patrimonial.
En los documentos que presenta el dirigente de Morena no sorprenden su impostada austeridad ni su desdén a la transparencia. Durante toda su carrera política ese personaje se ha cobijado en la simulación y la opacidad. Tal comportamiento es característico de la vieja política mexicana y, en general, de la política asumida como creación de apariencias en vez de ser cauce para la definición de compromisos.
López Obrador ha perseverado para construirse una imagen de político distinto a la mayoría y esa diferencia la ha querido subrayar en contraste con la corrupción que ha acompañado al ejercicio del poder en México. Tiene un estilo de vida austero y no se ha demostrado que se haya enriquecido con negocios ilegales.
La sobriedad de López Obrador contrasta con la Casa Blanca de Las Lomas y los condominios en Miami, para señalar los puntos de comparación más evidentes. Pero la honestidad en el ejercicio de responsabilidades públicas, y López Obrador fue jefe de Gobierno del DF y luego según sus propias informaciones ha vivido exclusivamente de recursos públicos, no se demuestra únicamente con una vida moderada.
Los personajes públicos, para acreditar un desempeño honesto y transparente, tienen que cumplir al menos con tres requisitos. En primer lugar, han de rendir cuentas acerca del manejo que hacen de los recursos públicos que administran. En segundo término, tendrían que informar sin evasivas acerca del patrimonio que tenían antes y el que tienen después de haber ejercido o recibido dinero público. Y antes que nada, aunque esta pretensión parezca ingenua, deben decir la verdad.
López Obrador no cumple con ninguna de esas exigencias elementales en democracia. Durante su gestión en la Ciudad de México dispuso que la información sobre obras públicas y otros asuntos quedase reservada, al margen del escrutinio público. Once años después, se desconocen al detalle todos los gastos de su administración y se ignora de qué manera benefició a diversos grupos empresariales. Esa opacidad no se habría mantenido sin la anuencia del PRD.
Durante varios años López Obrador se negó a presentar su 3de3 (declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal). Ahora se entiende por qué. En los meses o quizá años recientes se deshizo de los bienes inmuebles que poseía, según dice ahora para cedérselos a sus hijos.
Con un comportamiento similar, pasado mañana Carlos Slim podría entregar todo su dinero y propiedades a sus hijos, sobrinos y nietos para, entonces, decir que es un hombre sin recursos propios. La 3de3 de López Obrador es una burla a la sociedad y especialmente a los grupos ciudadanos que se han empeñado en hacer de esas declaraciones un mecanismo para transparentar el desempeño político de los personajes públicos.
El dirigente de Morena tenía por lo menos tres casas y un predio rústico en Tabasco, así como un departamento en la Ciudad de México y varios automóviles. Si les “entregó” a sus hijos esas propiedades tendrá que haberlo hecho a través de operaciones registradas legalmente y los beneficiarios de tales cesiones tendrán que haber pagado impuestos. Nada de eso explica López Obrador.
Lo que sí informa es que durante varios años ha recibido un ingreso de 50 mil pesos mensuales (600 mil anuales) que le han entregado, sucesivamente, el Partido del Trabajo, el PRD y Morena. Pero dice que no tiene bienes propios.
López Obrador ha logrado un equilibrio infrecuente tanto en la economía de las personas como en cualquier empresa: gasta exactamente tanto como recibe. No ha tenido déficit ni ha requerido apoyarse en préstamos. Pero tampoco le sobró un solo peso ni ha construido patrimonio alguno. Todos sus ingresos los consumió y le resultaron suficientes para cubrir sus necesidades personales.
Se trata de un equilibrio notable. Pero si ese comportamiento lo pusiera en práctica como gobernante, sería un desastre. Gastar tanto como se recibe sin destinar un solo peso a la inversión, e incluso sin aprovechar las posibilidades que ofrecen los créditos y el manejo de un déficit razonable, es indicio de un desempeño apocado y recesivo en cualquier administración. No se puede asegurar que López Obrador, si llegase a gobernar el país, manejaría la economía como dice que lo hace en sus finanzas personales. Pero es un indicio.
A pesar de lo poco que dicen, las declaraciones de López Obrador suscitan numerosas preguntas. Manifiesta ingresos en 2012 y luego, a partir de agosto de 2014. Pero no indica de qué vivió todo 2013 y siete meses del siguiente año. Tampoco menciona, como han dicho varios comentaristas, los ingresos que recibió por regalías de sus libros o por ofrecer conferencias. Si las declaraciones que entrega a la autoridad hacendaria para pagar impuestos son tan insuficientes como las declaraciones patrimonial y de intereses que ahora hace públicas, es posible que López Obrador esté cometiendo fraude fiscal si no da cuenta de todos sus ingresos. No lo sabemos porque en vez de declaración fiscal difundió los recibos de pago de impuestos (o de declaraciones en cero) de los tres años recientes. Esa no es la declaración fiscal.
El presidente de Morena se muestra como un hombre sin bienes materiales. Si hemos de creer en sus documentos no tiene muebles, libros, computadoras, ropa. En su casa tampoco paga el teléfono, el gas ni la luz porque no tiene tarjeta de crédito. En esos rubros, por lo visto, lo mantiene su mujer.
Ni honesto ni valiente. López Obrador miente cuando no ofrece información completa de sus ingresos y pertenencias. Peña Nieto lo hace cuando ordena descalificar la información crítica acerca de su familia y bienes en vez de explicarla.
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