Es altamente probable que usted, amable lectora, amable lector, nunca haya solicitado los servicios del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei). Y es también altamente probable que no lo haga en el futuro. Pero eso no significa que esta dependencia y la ley de la que ella es garante (la de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios) sean poco importantes.
Buena parte de lo que sabemos sobre cuánto gastan los servidores públicos del dinero que es nuestro, en qué lo gastan y cómo, no es gracias a los informes anuales de gobierno o a los boletines o a las ruedas de prensa oficiales, sino a las investigaciones de periodistas y de académicos que obtienen esa información gracias a la Ley de Transparencia y al trabajo del Itei (añadamos que éste tiene también la responsabilidad de proteger “la información personal de los ciudadanos, cuidando que no se viole su privacidad”).
Pues bien, en los últimos meses, el Itei y su Consejo Consultivo (órgano integrado por representantes de la sociedad civil que tiene como encargo hacer análisis y propuestas -en materia de transparencia y acceso a la información- para el propio Instituto y para el Congreso local), en coordinación con la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso, han conducido los trabajos necesarios para elegir a dos comisionados del Itei y a sus respectivos suplentes.
Este ejercicio, el primero y único realizado en el País, no estuvo exento de contratiempos, errores y deficiencias. Dos veces -por ejemplo- se tuvo que anular el proceso de selección de los aspirantes a comisionados. Y tres veces hubo de aplicárseles el examen.
Respecto del asunto -reitero: de enorme importancia-, el Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) manifestó en días pasados lo siguiente:
“1. Todo esfuerzo genuino por involucrar a la sociedad civil en la consolidación de la cultura de la transparencia en nuestro Estado es bienvenido. Los retos (y -añado yo- tropiezos) que ha enfrentado este proceso son preferibles a la tersura aparente (y las costosas implicaciones) de la asignación por cuotas entre partidos, práctica que ha caracterizado la elección de comisionados en ocasiones anteriores.
“2. La intervención de expertos de organismos de la sociedad civil (y de funcionarios de instancias homólogas al Itei de otras entidades) en el diseño del examen y en su aplicación estableció un precedente innovador y democratizador para la gestión de procedimientos subsecuentes, tanto en materia de transparencia como en asuntos de otros organismos públicos.
“3. Amedi Jalisco exhorta a cada una de las instancias que ha participado en este proceso a realizar un ejercicio de recuperación de la experiencia, y a (re)definir los tiempos y los mecanismos de las responsabilidades a su cargo.
“4. Los resultados del tercer examen presentan a la sociedad jalisciense, incluida su clase política, a veintiún ciudadanos aptos para coadyuvar en el fomento de la cultura de la transparencia desde el servicio público. Dos de ellos serán comisionados. Las habilidades de los demás pueden ser aprovechadas por sujetos obligados interesados en mejorar sus prácticas en la materia. La sociedad no sólo exige cuadros que conozcan sobre transparencia, sino sobre todo que la asuman como un compromiso con la defensa del derecho de acceso a la información pública de los jaliscienses”.
¿Errores? Por supuesto que los hubo. Pero hay que aprender de ellos. Y no usarlos como pretexto para excluir a la sociedad civil de otros procesos de selección y elección. Por ejemplo de Auditor Superior del Estado, de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de consejeros electorales… Además -como diría la Amedi- es preferible un proceso democrático con tropiezos que la “tersura aparente” del reparto de cuotas partidistas (y de Raúl Padilla) por debajo de la mesa.