“La iniciativa ciudadana que negoció el Sistema Nacional Anticorrupción con la mafiocracia nació muerta”, sentencia el doctor Edgardo Buscaglia.
Y argumenta: En los países donde se hicieron profundas reformas anticorrupción –Colombia, Italia y Brasil– “se impusieron desde las calles. No fue un proceso de buena fe y de confianza en los legisladores, sino de imposición ciudadana”.
Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y experto en el lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción política, Buscaglia es enfático: “Ese paquete de siete leyes que se aprobaron como Sistema Nacional Anticorrupción no va a disminuir la corrupción” porque, insiste, están ausentes varios componentes esenciales:
“En primer lugar, el combate a la corrupción político-electoral es un vacío enorme que ni siquiera se toca en las leyes aprobadas; las auditorías ciudadanas son inexistentes, en especial las presentadas ante la Fepade y el INE; y la ausencia del tipo penal conocido como asociación ilícita que permite abarcar a cientos de personajes y empresas que conforman una red de corrupción”.
Y aclara: “No hay corrupción judicial, policiaca o administrativa sin corrupción político-electoral. Esta es la pieza clave para armar el rompecabezas de un sistema nacional anticorrupción; y está ausente de las nuevas leyes mexicanas”.
Pone ejemplos: “En el sistema político mexicano, entre 80 y 90% de los recursos que utilizan los candidatos, de manera individual, son de procedencia ilícita. Los capos colocan a los candidatos. Las empresas los apoyan a cambio de futuros contratos y licitaciones. Con este tipo de políticos que llegan a gobernadores o legisladores tienes la tormenta perfecta para que exista un pacto de impunidad entre todos los partidos”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2068 de Proceso.