- La iniciativa para desaparecer los organismos autónomos como el IFT e INAI afecta el principio de progresividad de los derechos fundamentales, los mecanismos de control y la transparencia que deben ser protegidos por el Estado.
- Las actuales atribuciones de dichas instituciones perderán independencia, especialidad técnica y se politizarán.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) expresa su rechazo a la propuesta de extinguir organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Estos organismos desempeñan una labor esencial en la tutela de derechos fundamentales, la regulación sectorial y actúan con un perfil técnico y especializado indispensables para la defensa de los derechos a la información, la comunicación y la transparencia.
La autonomía técnica y la independencia política de estos organismos es un principio fundamental para el funcionamiento democrático de nuestra sociedad y un requisito indispensable para evitar que las políticas públicas, regulaciones, resoluciones y decisiones en estas áreas tan sensibles queden sujetas a intereses políticos.
Subordinar las funciones de estos órganos al Ejecutivo Federal o a dependencias vinculadas incrementa el riesgo de politización y amenaza la imparcialidad de las decisiones que afectan a todos los ciudadanos.
En el caso del IFT, la extinción de este órgano implica que sus atribuciones serán asumidas por el Ejecutivo Federal a través de la dependencia encargada de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, aún cuando se ha demostrado en varios sexenios ser un mecanismo con escasa eficacia. Lo anterior debilita la capacidad del Estado para garantizar un acceso equitativo y justo a los servicios de comunicación y afecta la libertad de expresión y el derecho a la información al someter su regulación a intereses ajenos a los del interés público.
La extinción del IFT ignora los logros obtenidos por este organismo autónomo después de 11 años de existencia, como la eliminación del cobro de la Larga Distancia Nacional y Roaming Nacional, así como la transición a la Televisión Digital Terrestre, entre los temas con mayor relevancia.
En este mismo lapso y con el IFT a la cabeza de la regulación del sector, México pasó de 9.6 millones de hogares con acceso a Internet en 2013 a 27.7 millones de hogares (71.7% del total de hogares), mientras que el número de conexiones de banda ancha móvil se cuadruplicó, al pasar de 27.4 millones en 2013 a 126.1 millones de conexiones.
Al desaparecer el INAI, la tutela de derechos como el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales quedará fragmentada entre la Secretaría de la Función Pública, el órgano de control del Poder Judicial y las contralorías de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Dado que los derechos quedarán sujetos a instituciones con intereses, competencias y estructuras diversas, de índole política y judicial, la fragmentación que se propone afectará la certeza, objetividad, claridad y equidad en la aplicación de este derecho, así como la reducción en la transparencia y la rendición de cuentas.
En cuanto a la tutela de datos personales en posesión de particulares, el partido en el poder propone que las atribuciones pasen al Ejecutivo Federal, conforme lo que se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esto representa otro retroceso, ya que la vigilancia y protección de datos personales requieren de un organismo técnico e imparcial, con la capacidad de evaluar y responder con neutralidad ante los abusos o violaciones de privacidad, no una dependencia del Ejecutivo con potencial de intereses de control o intervención.
La desaparición de estos organismos autónomos representa un retroceso democrático, afecta el principio de progresividad de los derechos fundamentales, debilita los mecanismos de control, la transparencia y la protección de derechos que se han construido con gran esfuerzo en nuestro país.
La Amedi hace un llamado al Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a todos los sectores de la sociedad a defender la existencia y la autonomía de estos órganos, fundamentales para una democracia moderna, robusta y plural en México.
Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)
Presidente
Dr. Jorge Bravo
Presidente del Capítulo Puebla
Mtro. Rafael Gustavo Hernández García Cano
Comité de vinculación institucional
Mtra. Beatriz Solís Leree
Dra. Yolanda Meyenberg Leycegui
Dra. Adriana Reynaga Morales
Comité jurídico
Dra. Eréndira Salgado Ledesma
Lic. Andrea González Verde
Comité de medios públicos e industrias culturales
Mtra. Ma. Magdalena López Rocha
Dr. Rodrigo Gómez García
Mtra. Laura Martínez Águila
Comité de inclusión y alfabetización digital
Mtro. Servando Vargas Pérez
Mtro. Gustavo Ríos Alcázar
Comité de transparencia
Mtro. José Rubén Alonso González
Comité de comunicación y difusión
Lic. Margarita Cruz Vicente
Lic. Alicia Dinorah Navarro Rivera
Lic. Violeta Contreras García
Lic. Raúl Parra Rosales
Tesorera
Lic. Elizabeth Salazar Sánchez